- Urge el monitoreo integral y continuo de indicadores socioeconómicos, sobre contaminación y biodiversidad en el Istmo.
- También, un plan de acción que incorpore la participación coordinada de comunidades, academia, gobierno, empresas y de otros aliados.
México es el decimoquinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, y fue uno de los primeros países en vías de desarrollo que estableció una Ley General de Cambio Climático (2012), un Reglamento para crear el Registro Nacional de Emisiones (RENE, 2014) y criterios para la verificación de los informes entregados por los establecimientos sujetos a reporte (ESR), o sea, los sectores, industrias y servicios bajo supervisión. La SEMARNAT es la instancia responsable de integrar tales reportes, analizarlos y dar a conocer los resultados. La intención es encomiable, pero la manera en que se lleva a cabo ese proceso debe ser objeto de mejora urgente. Esto se debe a que son los propios establecimientos los que reportan y verifican la información, sin existir una validación externa de lo entregado, a que se observan cambios abruptos en sus datos anuales, a que los reportes son cuatrienales (el último publicado es del 2015-2018) por lo que aún se desconocen los datos del cuatrienio (2019-2022), y a que no se explicitan incentivos o medidas para aminorar las emisiones contaminantes. Lo mismo sucede con las normas técnicas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2009) que, aunque ha establecido mecanismos regulatorios para evitar o reducir la quema o el venteo de gas en los pozos petroleros, no se conocen datos puntuales sobre los resultados de aplicar tales normas ni de las inversiones prometidas para el aprovechamiento racional del gas antes de que contamine la atmósfera. Dada la complejidad tecnológica e inversión implicada en la captura y comercialización de esa fuente de gas natural, Pemex puede encontrar aliados comerciales que aseguren su consumo de manera rentable en lo social y lo económico.
Por otra parte, el último informe del RENE (2015-2018) destaca conclusiones útiles para la toma de decisiones: el 71% de los contaminantes atmosféricos se produjeron en el sector de Energía y Veracruz fue la segunda entidad de la república con la mayor emisión de bióxido de carbono a la atmósfera en ese cuatrienio (8.5% del CO2e del país), sólo después de Tamaulipas (10.6%). Además, concluye en que los ESR deben implementar mejores prácticas en el monitoreo de sus emisiones y en la metodología para la elaboración de sus reportes. Lo anterior subraya la importancia de contar con validaciones externas sobre el monitoreo de la emisiones contaminantes, de los reportes entregados por los establecimientos de cada sector y de los incentivos o medidas utilizadas para asegurar la disminución en la afectación atmosférica, de suelos y mantos acuíferos.
De la lectura del informe RENE (2015-2018), se desprende, también, la necesidad de capacitar debidamente al personal dedicado al monitoreo-reporte de las emisiones, a la prevención ambiental y a la promoción integral de la sustentabilidad y la biodiversidad en las comunidades, industrias, servicios y en los nuevos proyectos a ser desarrollados en el Istmo en lo general y en el CT en lo particular. De ahí la importancia estratégica de realizar un monitoreo externo no gubernamental para garantizar la confiabilidad y validez de los reportes sobre las emisiones atmosféricas y ponderar objetivamente los aportes reales de cada sector, indstria y empresa a favor de la naturaleza y la gente. Para ello, dicho monitoreo debe completarse con mediciones sobre la biodiversidad, a partir de los variados mecanismos y dispositivos que hoy existen.
Por último, si en verdad se desea convertir a México en uno de los mayores productores de semiconductores en el mundo o en ejemplo de procesos energéticos y desarrollos digitales limpios -en concordancia con lo discutido en la reciente reunión del Dialógo Económico de Alto Nivel del gobierno mexicano con el de Estados Unidos-, esto no será aconsejable si se incumplen los actuales criterios y normas de sustentabilidad y responsabilidad social. No se trata, entonces, de usar a México y, en su momento, al Istmo de Tehuantepec y al CT, como patios traseros de producción sucia y mano barata; tal y como sucedió con algunas maquiladoras instaladas en el país a partir del TLC o en otras regiones de Asia que devinieron en graves fuentes de contaminación y anomias sociales. Una condición sine qua non debe ser que las iniciativas de inversión por venir no sean atraídas por la ventaja comparativa de mano de obra barata, sino que vean a nuestro país como un territorio en el que pondrán en práctica las soluciones de última generación en materia ambiental y social. La fuerza económica global emergente y que debe predominar en lo que resta del siglo XXI, va a exigir a las empresas que cumplan con dichos criterios para ser objeto de certificación, financiamiento, tratos comerciales preferenciales y con acceso a seguros. Por tanto, debemos exigir que las próximas inversiones productivas se constituyan en auténticos referentes mundiales de “parques industriales, empresas, agroindustrias y zonas residenciales verdes”, acordes con una concepción de “transmodernidad” que integre la biodiversidad, la producción limpia y el trato cualitativamente justo con los empleados y las comunidades del territorio circundante. Y para que este enfoque sea compartido y exigido por la sociedad mexicana, es indispensable que la academia, los tres poderes de la Unión, las comunidades locales, las instancias de la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector empresarial y las iniciativas internacionales comprometidas con la gente y la naturaleza, unan fuerzas para que México prepare un ambicioso plan de acción que le permita dar ese salto cuántico.
