- La evolución ordenada del Istmo de Tehuantepec exige una clase política vanguardista que otorgue máxima prioridad a la sustentabilidad
- También, rescatar a expertos de la administración pública que han sido desplazados por activistas electoreros de los partidos oficiales en turno
- Las alianzas y la colaboración intersectorial e internacional puede convertir al Istmo en un referente mundial de desarrollo sustentable
Aquí se ha expuesto que la operación del Corredor Transístmico (CT) no debe repetir los errores cometidos en el Istmo de Tehuantepec a lo largo del último siglo y medio. Ante esa amenaza real, urge una planeación escrupulosa de lo que ahí se emprenda y el monitoreo sistemático con el apoyo de comunidades locales, organizaciones y tecnologías de última generación. Una estrategia de ese tipo puede convocar a grandes aliados en México y de otras naciones que trabajan para superar la crisis climática y la lacerante marginación de la mayoría de la población mundial. México cuenta con el talento, la capacidad y el nivel de convocatoria necesarios para determinar lo que se debe hacer en el Istmo, cómo hacerlo, con qué aliados y bajo qué reglas e incentivos.
Para ello es fundamental una clase política vanguardista que asuma el liderazgo distribuido, en cada ámbito y segmento de la toma de decisiones públicas, unificado por un sólo compromiso colectivo: el de un servicio público orientado al bien común. Y para que no haya dudas sobre lo que esto significa, dicho compromiso debe traducirse en metas precisas a lograr en tiempos perentorios y en responsabilidades verificables de cada liderazgo en su respectiva área de atribución. La enorme complejidad de los desafíos contemporáneos no admite la centralización unipersonal del poder; tampoco, las decisiones coyunturales cortoplacistas ni ocurrencias irresponsables; y menos, la polarización social como medio de conducción política. Por el contrario, exige liderazgos basados en el talento, la experiencia y el compromiso por un auténtico servicio público; esto es, liderazgos convencidos de la importancia de lograr consensos sociales que sumen fuerzas encaminadas al logro de ideales y metas comunes. Esto significa respetar el equilibrio que establece nuestra Constitución entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El sometimiento de los representantes populares o del sistema de impartición de justicia por parte del poder ejecutivo invalida el necesario sistema de contrapesos que define nuestra Carta Magna. La vida democrática se debilita cuando se pretende acallar voces que disienten de la versión oficial; en cambio, se enriquece con el concurso de opiniones libres, informadas, que pueden conducir a consensos orientados a la acción colectiva. La historia universal ratifica que los enormes desafíos sociales sólo pueden resolverse mediante el empoderamiento individual que otorga una educación y salud de calidad para todos, acompañada de una amplia convocatoria y organización social que agrupe y dinamice el esfuerzo colectivo necesario.
Entonces, ¿quién podría oponerse a que el Istmo de Tehuantepec se constituya en un referente mundial de sustentabilidad en lo social y lo ambiental? ¿Serían quienes tienen interés en resultados de corto plazo (búsqueda de reconocimiento personal o de votos) contrarios a la sustentabilidad y calidad de vida comunitaria?, ¿o quienes prefieren ocultarse en la opacidad para obtener dinero ilegal?, ¿o quienes buscan componendas con los poderes fácticos para su protección posterior?, ¿o quienes, por ignorancia o incompetencia, no alcanzan a dimensionar los enormes estragos ambientales y sociales de decisiones improvisadas? A fin de cuentas, estamos hablando del Istmo de Tehuantepec como patrimonio de México, del continente americano y de la humanidad. Y lo que se haga ahí conlleva una enorme responsabilidad generacional.
Por tanto, se necesitan auténticos políticos y servidores públicos que asuman con pasión y responsabilidad las inaplazables agendas de equidad social y sustentabilidad. Más allá de políticas compensatorias de corto plazo (entrega de dinero) para sectores sociales en desventaja, urgen acciones públicas de carácter estructural para mejorar cabalmente la educación, la salud, la alimentación, la seguridad y las condiciones de infraestructura física de nuestra sociedad. Y ello implica una planeación integral que abarque de manera sistemática la acción coordinada intersectorial en el ámbito federal, regional, estatal, municipal y de cada localidad. Ello no es cosa menor y no puede dejarse en manos de personas incapaces o socialmente inconscientes. México necesita rescatar a los expertos de la administración pública que han sido acotados o borrados por el desfile de activistas electoreros improvisados de todos los partidos. Dividir al país en dos bandos, tecnócratas-políticos, conservadores-liberales, nacionalistas-traidores, puede ser indicio de la ausencia de pensamiento complejo o del abuso maniqueísta del poder político que no nos lleva más que a la inacción, a la espontaneidad desinformada e irresponsable y a un acelerado deterioro social.
