En línea con la estrategia del Gobierno Federal de impulsar programas y proyectos de inversión en el sur-sureste, ocho de las 10 entidades que más inversión pública recibirán en 2024 pertenecen a esta región del país.
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán concentrarán casi la mitad (44.9%) del presupuesto destinado a este concepto, destacó en un análisis del presupuesto de egresos el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Tabasco y Campeche, principales estados beneficiarios de la inversión en el sector petrolero por parte de Pemex, recibirán una quinta parte (18.5%) de la inversión: 141.1 mmdp y 63.6 mmdp, respectivamente. Yucatán obtendrá 130.3 mmdp (11.8%), los cuales se destinarán en su mayoría a la construcción del Tren Maya. Por otra parte, los estados de Oaxaca (43.0 mmdp) –17.1 mmdp corresponden al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec–, Veracruz (42.8 mmdp), Chiapas (34.5 mmdp), Guerrero (23.7 mmdp) y Puebla (18.9 mmdp) concentran 14.7%.
Las otras 24 entidades federativas acumulan el 50.7% (561.7 mmdp) restante, entre las que destacan la Ciudad de México (320.6 mmdp) y el Estado de México (38.5 mmdp).
A pesar de la importancia que tiene la infraestructura pública en la capacidad del país para crecer de manera sostenida y atraer y retener talento e inversiones de parte de empresas que deseen reubicarse en México en el marco del nearshoring, los recursos presupuestales destinados a este concepto en 2024 son limitados en términos de su escala y alcance.
Solo a través de más y mejor inversión pública en áreas clave que garanticen un suministro confiable y a precios competitivos de electricidad limpia, disponibilidad de agua e infraestructura logística de calidad (p. ej. puertos, aeropuertos, carreteras), el país podrá capitalizar plenamente el nearshoring en beneficio de la población mexicana.
Por ello, es fundamental que se destinen más recursos públicos al financiamiento de programas y proyectos de inversión que antes de su construcción demuestren que cada peso que se invierta en ellos se traducirá en beneficios tangibles para la sociedad y, además, que estos recursos se ejecuten en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
