En una maniobra de última hora, el gobernador del Estado, Samuel García, ha emitido un decreto la noche de este viernes, asegurando que el único recinto oficial del Ejecutivo del Estado es el Palacio de Gobierno en Monterrey. García ha ordenado el blindaje de la sede, con policías antimotines estatales rodeándola, buscando así evitar que el vicefiscal Luis Enrique Orozco jure el cargo a la medianoche. Orozco fue designado como gobernador interino por el Congreso, compuesto mayoritariamente por PRI y PAN.
Un juez de distrito ha revocado el nombramiento de Orozco como gobernador interino, argumentando que el nuevo titular del Ejecutivo debe ser de Movimiento Ciudadano, la misma plataforma electoral que Samuel García. Este es el segundo revés judicial para un gobernador de un partido distinto al de García. Mientras tanto, Javier Navarro, secretario de Gobierno y miembro de Movimiento Ciudadano, insiste en asumir el cargo.
La situación política en Nuevo León es compleja, involucrando a tres poderes: Ejecutivo local, Poder Judicial local y federal. La incertidumbre crece sobre quién gobernará la entidad a partir de este sábado, mientras García enfrenta múltiples desafíos legales y el retiro de sus anuncios de radio y televisión por parte del INE. La contienda presidencial y la gobernatura de Nuevo León para García podrían quedar en el limbo jurídico si no se designa claramente un gobernador interino antes de la medianoche.
