La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el país enfrenta una «situación de emergencia» debido al creciente problema del tráfico ilegal de armas de fuego. En una audiencia pública, la canciller destacó la magnitud del desafío al revelar que se estima que anualmente ingresan ilegalmente al país alrededor de 200 mil armas.
«Nos encontramos ante una situación de emergencia, compartida por varios países de la región, que debe ser atendida y enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potenciar posibles violaciones de derechos humanos», expresó Bárcena durante su participación.
La alta funcionaria subrayó la naturaleza transfronteriza de este fenómeno y su impacto directo en la perpetración de crímenes violentos. En este contexto, México ha presentado una solicitud a la CIDH para que se pronuncie sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos vinculadas a la comercialización de armas de fuego por parte de empresas privadas.
Bárcena argumentó que las actividades comerciales de estas empresas, cuando se llevan a cabo sin la debida precaución, aumentan el riesgo de violencia y resultan en vulneraciones a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad personal.
Además, la secretaria solicitó a la CIDH que determine si puede existir responsabilidad por la falta de debida diligencia de las empresas de armas en sus actividades, y que defina las obligaciones tanto de los actores privados como de los Estados en este contexto.
«En estas preguntas, el Estado solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos idóneos que los Estados deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas negligentes o intencionales puedan contar con recursos judiciales que permitan la reparación del daño causado», explicó Bárcena.
La representante mexicana enfatizó que las leyes que obstaculizan el acceso de las víctimas a un recurso judicial efectivo y a la reparación del daño son violatorias del derecho humano de acceso a la justicia, lo que involucra la responsabilidad internacional del Estado y el derecho a obtener reparaciones. La declaración de México ante la CIDH busca abordar de manera integral el desafío del tráfico de armas y establecer las bases para una respuesta eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
