En una sesión que mantuvo en vilo a la nación, la Cámara de Diputados, con un voto de 239 a favor, 196 en contra y dos abstenciones de diputadas del partido Morena, aprobó en lo general el dictamen concerniente a la Ley Federal de Derechos.
Este trascendental paso legislativo no estuvo exento de tensiones, ya que las diputadas Inés Parra de Morena y María Rosete del Partido del Trabajo (PT) decidieron abstenerse, siendo parte del denominado bloque marcelista dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM).
Adicionalmente, durante la votación, se hicieron notar las ausencias de los diputados de Morena Carol Antonio Altamirano, Selene Ávila, Manuel Baldenebro, Salma Luévano, Emmanuel Reyes Carmona, así como los miembros del Partido Verde Ecologista de México, María José Alcalá, Javier López Casarín, Juan Carlos Natale López y Marco Antonio Natale Gutiérrez, todos ellos integrantes del mencionado bloque marcelista.
El dictamen, presentado por la diputada Ana Elizabeth Ayala (Morena), enfatiza la necesidad de establecer medidas que garanticen seguridad y certeza jurídica en el pago de derechos, sin contemplar la creación de nuevos derechos. En su lugar, se propone un aumento de algunas cuotas, manteniéndolas por debajo de la tasa de inflación, para cumplir con compromisos previamente establecidos.
La Ley Federal de Derechos es parte integral del Paquete Económico aprobado anualmente por la Cámara de Diputados y rige la recaudación de derechos por la prestación de servicios públicos y el uso, disfrute y aprovechamiento de bienes pertenecientes al dominio público de la nación.
La diputada Ayala aclaró que el dictamen refleja los cambios legales ocurridos a nivel internacional, armoniza la legislación fiscal con la normativa administrativa, aclara los casos de causación de los derechos y busca beneficiar a sectores vulnerables.
Este histórico dictamen también contempla que los ingresos derivados de la expedición de estancias a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, sean destinados a un fideicomiso público federal creado por la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, se actualizan las facultades de la Secretaría de Marina en relación con los certificados de inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional, autorización para el anclaje de artefactos navales en zonas marinas mexicanas, permisos para dragado, navegación de embarcaciones mercantes extranjeras y permisos especiales para el transporte de pasajeros, así como concesiones, permisos, autorizaciones y prórrogas o modificaciones.
A pesar de la aprobación del dictamen, no estuvo exenta de críticas por parte de algunos legisladores. El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) argumentó que el Paquete Económico generará más deuda, gasto sin control y carecerá de recursos para mejorar estados, municipios, carreteras federales y programas sociales.
La diputada Carmen Patricia Armendáriz (Morena) señaló que, en términos reales, los ingresos presupuestarios aumentarán en un 0.8%, mientras que los gastos aumentarán un 7.8%. Esto, sumado a la caída en los precios del petróleo, provocará un aumento real del 8% en la deuda nominal, lo que solo supone un incremento del 1.6% en el PIB.
Por su parte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval (Morena) subrayó que el dictamen está respaldado por las condiciones económicas internacionales y que las estimaciones reflejan la solidez de la economía mexicana. Reconoció que algunos derechos han aumentado, pero aseguró que estos incrementos están por debajo de la inflación.
La sesión en San Lázaro continúa con la discusión de 222 reservas, para lo cual se han inscrito 72 oradores. Esta votación, sin lugar a dudas, marcará el destino económico y fiscal de México en los años venideros.
