La Cámara de Diputados ha dado luz verde a reformas significativas en la Ley Federal de Derechos, estableciendo la creación de fideicomisos destinados a respaldar el desarrollo del Tren Maya y la fortaleza de los aeropuertos del país, cuya gestión recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina.
Mientras que legisladores de Morena promovieron anteriormente la desaparición de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF), esta reciente iniciativa busca establecer nuevos fondos para el financiamiento del Tren Maya y la mejora de los aeropuertos de México.
La Cámara de Diputados ha aprobado en su totalidad la Ley Federal de Derechos, con 262 votos a favor de Morena y sus aliados, y 198 votos en contra del PAN, PRI y PRD. Este dictamen establece que los ingresos generados por la expedición de permisos de estancia para visitantes que no tengan autorización para llevar a cabo actividades remuneradas, pero ingresen al país con fines turísticos (visas para turistas extranjeros), se destinarán a un fideicomiso público gestionado por la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., una entidad sectorizada bajo la Sedena.
Estos recursos se utilizarán para una amplia gama de propósitos relacionados con el Tren Maya, que abarcan la operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planificación, adquisición, proyectos, arrendamientos, obras complementarias, equipamiento, instalaciones, estudios, proyectos e inversiones en infraestructura.
El Tren Maya representa una de las obras principales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y año tras año, los diputados de Morena y sus aliados han aprobado incrementos en su financiamiento. Se prevé que esta obra se inaugure de manera parcial en diciembre de este año.
Tras la aprobación de una reserva propuesta por el diputado morenista Miguel Carrillo, se estableció que los titulares de asignaciones y concesiones de aeropuertos, así como los organismos descentralizados responsables de la administración, operación, conservación, explotación y construcción de aeropuertos estarán obligados a pagar derechos. Los ingresos generados por estos derechos se dirigirán a la Tesorería de la Federación y se destinarán a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el objetivo de fortalecer el sistema aeroportuario bajo su coordinación, a través de la creación de fideicomisos públicos para este fin.
Estas dependencias contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de estas modificaciones para llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de establecer los fideicomisos públicos mencionados.
Es importante señalar que originalmente, los ingresos generados por la expedición de permisos de estancia para visitantes con fines turísticos se destinaban a diferentes propósitos. Un 20% estaba destinado al Instituto Nacional de Migración (INM) con el objetivo de mejorar los servicios relacionados con asuntos migratorios. Sin embargo, una reforma impulsada por Morena en abril de este año modificó esta asignación, llevando el 80% restante a la operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios y turísticos, incluyendo el Tren Maya.
Con la última modificación, el 100% de los recursos generados por las visas para turistas se destinan a la obra emblemática del presidente López Obrador.
