Al menos la mitad de los más de 20 mil cargos en juego en las elecciones federales y locales deben recaer en candidaturas de mujeres, en 2024, señalaron consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE).
Rita Bell López Vences, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez indicaron que el reto para partidos políticos y autoridades electorales es garantizar que su participación en los comicios sea libre de violencia y el ejercicio de sus cargos sin presiones, sobre todo en los municipios, donde ocurren 70 por ciento de los casos.
Las consejeras participaron en el foro Los derechos de las mujeres: Más allá del sufragio en su septuagésimo aniversario, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“No podemos seguir con las mismas prácticas de la política”, pues se requiere que los partidos políticos volteen a ver sus propios liderazgos para “ir revisando otras formas, porque el municipio tiene su propia dinámica, tiene otro tipo de forma de estructurarse, de trabajar, de hacer campaña de electorado”, las cuales deben dirigirse a lograr “que más mujeres lleguen a las presidencias municipales”, aseveró López Vences al participar en la Mesa Uno, denominada Los principales retos para las mujeres ante el proceso electoral 2023-2024.
Refirió las situaciones de diversidad pluricultural en las que, además de garantizar el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a su propia identidad, hace falta reconocer que “ellas puedan hacer campaña con toda dignidad y con todo respeto”, porque tienen las mismas capacidades que los hombres para demostrar que representan o ejercen un poder.
Otro reto en el PEF 2023-2024, abundó, será hacer efectiva la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la que “tenemos que evitar que personas que hayan atentado contra la vida y la integridad corporal de una mujer, contra su libertad y seguridad sexual; que hayan violado su intimidad sexual o hayan cometido el delito de violencia política contra ellas en razón de género, o sean personas deudoras alimentarias morosas”, lleguen a cargos públicos o puestos de elección popular
